En España, el sistema fiscal castiga duramente a quienes aumentan sus rendimientos, especialmente a los autónomos. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2023, el salario bruto medio mensual de los empleados del sector privado es de 2440 euros, mientras que en el sector público asciende a 3530 euros. Estos ingresos sitúan a los trabajadores del sector privado en el tercer tramo del IRPF (30%) y a los empleados públicos en el cuarto tramo (37%). Pero para los autónomos, la situación es mucho menos favorable.
Impuestos al autónomo
Por cada euro extra que gana, un autónomo debe enfrentar las siguientes cargas fiscales:
A – Seguridad Social: el autónomo paga un 31,3%.
B – IRPF: según el tramo. En cifras redondeadas:
• Si gana como un empleado medio (en el entorno de 2400 € al mes), pagará un 30% de IRPF. Total: 31,30 % (Seguridad Social) + 30 % (IRPF) = 61 % de impuestos. Después de impuestos conserva el 39 % de cada euro adicional que gana.
• Si gana como un funcionario medio (en el entorno de los 3500 € al mes), pagará un 37% de IRPF. Total: 31,30 % (Seguridad Social) + 37 % (IRPF) = 68 % de impuestos de lo ganado. Después de impuestos conserva el 32 % de cada euro adicional que gana.
Trabajar más para no ganar más
Esta carga fiscal implica que un autónomo que incrementa sus rendimientos hasta el nivel de un empleado o funcionario medio pierde más de dos tercios de sus últimos ingresos en impuestos. Que después de impuestos un autónomo pague dos tercios y conserve sólo un tercio de cada euro adicional que gana desincentiva todo esfuerzo por mejorar los ingresos. Y los autónomos, además, carecen de la estabilidad y beneficios sociales que disfrutan los empleados, especialmente los empleados públicos.
Si se aspira a fomentar el emprendimiento y el esfuerzo, es imprescindible una reforma fiscal que reduzca la carga sobre los autónomos y haga más rentable el aumento de rendimientos.
